La ONU denunció torturas y desapariciones en Nicaragua
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos presentó un informe alarmante sobre la situación en Nicaragua entre junio de 2024 y junio de 2025. Según el documento, en ese período se registraron 16 casos de tortura, incluidos hechos de violencia sexual, y al menos 31 desapariciones forzadas.
Hasta mediados de 2025, 75 personas permanecían detenidas por motivos políticos, mientras que se documentaron 52 rechazos arbitrarios de reentrada al país y 156 expulsiones sin recurso legal. A ello se sumó la expulsión masiva, en septiembre de 2024, de 135 opositores hacia Guatemala, quienes además perdieron su nacionalidad y bienes, tras una resolución de la Corte Suprema.
El informe también cuestionó la reforma constitucional de enero de 2025, que introdujo la figura de la copresidencia ejercida por Daniel Ortega y Rosario Murillo sin elección popular. Según la ONU, este cambio redujo la separación de poderes, debilitó el pluralismo y eliminó garantías como la prohibición de la tortura, el derecho al debido proceso y la protección contra la censura.
La represión no se limitó a la política: desde 2018 fueron canceladas 5.535 organizaciones de la sociedad civil, incluidas 850 asociaciones religiosas, y en el último año se registraron la expulsión de sacerdotes, la detención arbitraria de un pastor y la desaparición de dos laicas. También fueron asesinados cuatro líderes comunitarios y otro dirigente indígena sigue desaparecido.
La ONU instó al Gobierno nicaragüense a liberar a los presos políticos, esclarecer las desapariciones y garantizar el respeto a los derechos humanos dentro y fuera del país.
